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La Agencia de Protección de Datos de la Comunidad señaló hoy al juez, o en su caso al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como responsables últimos de los ficheros jurídicos, denuncias y documentos personales por maltrato aparecidos en contenedores de basura cercanos a sedes judiciales.

El ente provincial alegó en su recurso, que fue desestimado por la Justicia, que la multa conllevaría su cierre.

Los tribunales han confirmado una sanción de 60.101 euros por infringir la normativa de Protección.

Artemi Rallo, el director de la Agencia, indicó que no le consta que se tramite una denuncia por Mendicouague.

Primera investigación oficial sobre la tramitación del Plan Rabassa de Alicante. La Agencia de Protección de Datos comunicó ayer a las partes que ha abierto un procedimiento sancionador contra la empresa de Enrique Ortiz, promotora del macroproyecto urbanístico de 13.500 casas, por "gestión de la información de los particulares que acudieron a inscribirse en la lista para poder acceder a viviendas en el futuro Plan Rabassa", según informó ayer en una nota la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC).

La Agencia Española de Protección de Datos declara la obligación de un bufete de cancelar los datos personales de un antiguo abogado ubicados en la web del despacho y a notificarle dicha cancelación.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) presentará mañana, con motivo de la celebración el próximo 17 de mayo del Día de Internet, una guía dirigida a menores y sus padres con recomendaciones y consejos útiles sobre protección de datos en el entorno de Internet y para que “naveguen” de forma segura a través de "sencillas pautas".

Sólo el 12% de las PYMES españolas cumple la normativa vigente en torno a la protección de datos. Estos alarmantes datos han sido expuestos por la Agencia Española de Protección de Datos, (AGPD), aunque con una puerta a la esperanza: cada día son más los que la acatan.

La Agencia Española de Protección de Datos asegura que los contenedores que contenían informaciones personales de las mujeres no estaban en la calle y que sus documentos tampoco eran accesibles a terceras personas no autorizadas.

La información municipal fue utilizada para enviar postales de felicitación navideña a los ciudadanos.

Hospitales, guarderías, bancos, comunidades religiosas, sindicatos o bancos “deben limitar a sus empleados el uso de programas de descarga y el acceso a discos duros si no son necesarios profesionalmente”, según Artemi Rallo, director de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha multado con 150.000 euros a una clínica de Bilbao tras localizarse en Internet 11.300 registros con datos de pacientes del centro y sus historiales médicos. Más de 4.000 de esos expedientes se referían a consultas de interrupción voluntaria del embarazo, ya sea por aspiración o con la píldora, según consta en la resolución dictada por la agencia el 14 de abril pasado. La colaboración «inmediata» de la responsable de la clínica le ha evitado una sanción mayor.

Google ha asegurado que su servicio “Street View” no permitirá la identificación de personas ni matrículas de coches, en el caso de que se produzca su implantación en España, informó la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en un comunicado.

Google se mostró hoy de acuerdo con la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en que la información facilitada en su buscador a los usuarios “puede y debe” ser mejorada, informó hoy en un comunicado la citada agencia.

La Agencia Española de Protección de Datos ha exigido “acceso limitado” y “cautelas extremas” a cualquier autoridad y, concretamente, a los agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado, en el uso de información personal de las mujeres que han recurrido al aborto.

El CD se perdió hace unas cuatro semanas cuando una filial de Southampton se lo envió por correo a una aseguradora.

Dos empresas han sido sancionadas por obtener los datos personales de personas menores de edad a través de páginas web sin el consentimiento de sus padres.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha firmado hoy un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO) para lograr una mayor implicación de ciudadanos, pymes y administraciones públicas en materia de seguridad relativa a la protección de datos de carácter personal.

Algunos aparatos funcionan, pero sin autorización judicial.

Los españoles confían en el tratamiento de sus datos en hospitales.
La semana que viene entra en vigor el real decreto que desarrolla la Ley de Protección de Datos. Muchas empresas han comenzado ya a analizar las consecuencias que supondrá la adaptación del nuevo reglamento a su actividad. Mientras, el registro de ficheros continúa en alza. Sólo en septiembre de 2007, el sector sanitario fue el tercero (de 38) en número de ficheros inscritos. La industria farmacéutica ocupa el séptimo puesto.

El procedimiento sancionador iniciado prevé multas de entre 60.000 y 300.000 euros por una infracción grave.

La inspección se centra en el hospital Ramón y Cajal. Sospechan que "un médico ha filtrado datos privados". La Agencia de Protección de Datos también investiga la posible filtración del historial.

Los buscadores de internet no deberán conservar los datos personales más de seis meses, tras la aprobación de la “Opinión sobre buscadores” realizada hoy los directores y comisionados de Protección de Datos de la Unión Europea, agrupados en el Grupo de Trabajo del Artículo 29, en el transcurso de una reunión relativa a la adecuación de las políticas de privacidad de los buscadores de Internet a la normativa europea de protección de datos.

El barómetro de febrero elaborado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), cuyos resultados se difundieron el pasado lunes, fue bien recibido por la Agencia Española de Protección de Datos. Es que allí, más del 70% de la población española mostró su preocupación por la protección de sus datos personales.

La Agencia de Protección de Datos se muestra a favor de que las comercializadoras de electricidad puedan recibir de parte de las suministradoras datos acerca de los puntos de suministro, siempre y cuando no haya una negativa expresa del cliente a que se entregue esta información, según un informe del gabinete jurídico del organismo.

La Agencia Española de Protección de Datos está preparando un plan sectorial para evaluar el funcionamiento de las cámaras de vigilancia en los espacios públicos y privados, que muchas veces vulneran "las reglas" al no advertir de su existencia.

Se trataría de un archivo con sentencias pero no todo el mundo podría acceder a ellas, sino que se deberían estudiar previamente "las motivaciones" de los ciudadanos en cada caso.

Siete de cada diez españoles han recibido alguna llamada al móvil o un mensaje (SMS) con fines publicitarios sin lograr encontrar en su memoria en qué momento dieron sus datos a la entidad en cuestión. Así se reflejaba en el barómetro de febrero del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Las peticiones de apostasía, para dejar de pertenecer a la Iglesia católica, se multiplicaron por seis en 2007. Durante este año, se presentaron 287 reclamaciones de cancelación de datos en los libros de bautismo, frente alas 47 emitidas en 2006.

Cualquier ciudadano que haya pedido un taxi por teléfono en los últimos tres años tiene su voz grabada en una base de datos que Radio Taxi ha elaborado sin pedir permiso ninguno a sus clientes, y sin informarles siquiera de que sus palabras iban a ser registradas en un archivo sonoro. Así, el servicio telefónico de la Asociación de Trabajadores Autónomos del Taxi dispone en estos momentos de más de tres millones de conversaciones de los ciudadanos que han requerido uno de sus vehículos entre mayo de 2005 y la actualidad.

Un reportaje del semanario alemán Stern denuncia el uso de cámaras para espiar el comportamiento de sus empleados.

Los datos estaban en un ordenador robado a un investigador de una institución estatal. Los pacientes eran participantes de un ensayo clínico realizado por la agencia.

Entre los papeles había textos notariales y nóminas.

La Agencia Española de Protección de Datos ha impuesto una multa de 60.101 euros a Telefónica por un fallo de seguridad en el portal de Internet Terra, que permitía el acceso a datos personales de sus clientes ocurrido en 2005, según la resolución del organismo.

La empresa deberá pagar 3.000 euros, tras una denuncia de Sánchez Ramos.

Las infracciones relacionadas con los sistemas de videovigilancia se aproximaron en 2007 a las 200, ha avanzado hoy el director de la Agencia Española de Protección de Datos, Artemi Rallo, una cifra que casi duplica las 103 infracciones sancionadas en 2006 y cuatriplica las de 2005.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) pidió este martes, con ocasión de la celebración del “Día Internacional de la Internet Segura”, advertir a los menores de que "no compartan o faciliten información ni intercambien fotografías con personas desconocidas", así como que "accedan a Internet a través de cuentas protegidas".

Los profesores de la Universidad del País Vasco publicarán las notas de los alumnos omitiendo sus datos personales e identificándolos solo por el DNI. Una enmienda aprobada en el Parlamento Vasco instó a la universidad hace unos meses a proteger los datos personales de sus estudiantes, atendiendo a una queja presentada por un alumno.

La Agencia Española de Protección de Datos impuso hoy una sanción de más de 6.000 euros a una empresa madrileña que vertió el pasado noviembre en una calle de Coslada un total de 72 cartas publicitarias con datos personales de ciudadanos, informó hoy la Policía local del municipio.

El Ministerio de Justicia ha solicitado a la Agencia de Protección de Datos la elaboración de un informe en el que se establezcan los límites que las Administraciones Públicas han de respetar en sus facultades de inspección de los datos referidos a la salud de los pacientes o usuarios de los servicios y centros sanitarios.

La Unión Europea ha dado la razón a la operadora española en el contencioso que mantenía con la Asociación de Productores de Música de España (Promusicae), que exigía a Telefónica los datos de los clientes que descargan música en Internet.